La solución al problema de las cifras avanza hoy, lentamente, conforme van apareciendo estudios monográficos (provinciales, locales o regionales), apoyados en pacientes trabajos de campo y en la consulta de archivos no investigados habitualmente (municipales, particulares, de prisiones provinciales, Registros Civiles, Libros de cementerios, etc. No hemos de olvidar que las resistencias a la investigación de los Gobiernos Militares están causando graves perjuicios a la historia). Así se está logrando en bastantes provincias, apenas la mitad de España, una reescritura de todo cuanto hasta ahora se había publicado respecto a las cifras de la represión de ambos bandos con motivo de la guerra.

El estudio de Antonio Hernández en La Rioja fue de los primeros en poner de manifiesto la necesaria revisión al alza de las cifras de la represión franquista que venían ofreciendo algunos historiadores procedentes del régimen (Ramón Salas, entre otros). Hernández llegó a sumar 2.000 víctimas en La Rioja (sólo ocho por consejo de guerra), frente a las 912 que señala Salas, basándose en los datos aleatorios y deficientes del Instituto Nacional de Estadística (INE) de la década de los años cuarenta. A la larga se ha comprobado que tal fuente es radicalmente insuficiente para descubrir la verdad de la represión.

El trabajo del Colectivo AFAN en Navarra fue otro aldabonazo. Las casi 3.000 víctimas identificadas triplicaban el cómputo ofrecido por Ramón Salas. Al mismo tiempo, idéntica conclusión surgía en Córdoba: frente a los 3.864 fusilados aventurados por Salas, la investigación monográfica descubrió casi el triple. En total: 9.579, comprendiendo los fusilados en la guerra, en la posguerra, los pertenecientes a la guerrilla y los enlaces de la misma. Algunos parecen resistirse a las evidencias, y el sacerdote Martín Rubio afirma «creer» que la multitud de «cadáveres desconocidos» del cementerio de Córdoba son víctimas de los bombardeos, cuando ambos conceptos están delimitados en el Registro Civil. En cualquier caso, es la suya una «creencia», no una investigación. Este mismo estudioso del martirologio pacense desconfió de algunas de las cifras parciales sobre Córdoba, por ejemplo, de los 103 muertos que se citan en Lucena, porque «no van corroborados por la relación nominal», y algunos son recogidos «de oído». Pues bien, el estudioso local Arcángel Bedmar acaba de publicar una lista de 121, con nombres, apellidos y apodos. A conclusiones parecidas han llegado los estudios de Aragón. En Huelva, Francisco Espinosa comenzó publicando un cómputo de 4.046 víctimas de la represión franquista (Salas sólo calcula 1.597, y eso que en los Registros Civiles se pueden contar hasta 3.042), con algún añadido posterior. Pero en relación con el estado actual de su investigación, sostiene: «... cuento con datos que me permiten afirmar que en la provincia de Huelva fueron eliminadas al menos 5.455 personas».Y añade que todavía no ha incluido el estudio de la cuenca minera de Huelva, donde hay que considerar «un mínimo de aunque 2.500 víctimas, el triple de los inscritos». Con esto y a la vista de otras lagunas concluye: «No creo exagerado afirmar que en Huelva se llevaron por delante unas 8.000 personas.» Lamentablemente nos faltan estudios de provincias en las que hay indicios de una mortandad alarmante (provincias gallegas, castellanas, etc.). El caso más preocupante es el de Badajoz, donde los historiadores nos tememos el mayor de los genocidios. Jacinta Gallardo en sólo cuatro pueblos de La Serena ha sumado ya 975 víctimas. Otro estudio en curso e inédito de Francisco Espinosa en Badajoz, que amablemente nos anticipa, muestra que, en seis pueblos de la carretera Sevilla-Badajoz, pueden contabilizarse 1.835 fusilamientos. Y en Zamora, también aparecen indicios preocupantes. Estimaciones aparecidas en el libro de Ramón Sender Barayón (hijo del gran novelista) apuntan la cifra de 6.000 víctimas de la represión franquista, entre las que cayó su madre, Amparo Barayón.

En consecuencia, de las investigaciones realizadas se desprenden al menos dos conclusiones. Primera, que las cifras calculadas a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística, en sus inscripciones de la década de los años cuarenta, no son fiables en absoluto. Es más, inducen a error de manera evidente. La segunda conclusión es que, además, los Registros Civiles tampoco son fiables, al menos con relación a las matanzas habidas durante la guerra. Está comprobado que sólo vienen a inscribirse la mitad (en muchos casos, un tercio) de los fusilados reales. En cambio, con relación a las ejecuciones de posguerra, sí se pueden aceptar como fiables, aunque también con lagunas más o menos significativas.

En el cuadro 1 adjunto se ofrecen los resultados de los estudios sobre 24 provincias, que se puede considerar como un balance completo,. si bien algunas están necesitadas de mayor precisión. En estas 24 provincias, menos de la mitad de España, se suman ya 72.527 fusilados por el franquismo. En esas mismas provincias los cálculos de Salas no llegan ni a la mitad (34.250).

En el cuadro 2 constan investigaciones parciales, con cifras importantes, a pesar de ser parciales, si bien en el caso de Albacete se podría considerar la investigación casi completa, aunque al ocuparse sólo de la capital y los pueblos cabecera de partido judicial, se plantean interrogantes respecto a los demás pueblos (y también con relación a las cifras del maquis).

El cuadro 3 se refiere a la represión republicana, con 22 provincias estudiadas en las que se han recogido cifras recientes o distintas a las de Ramón Salas. Aquí la conclusión es inversa a la del cuadro primero: las cifras «tradicionales» de la represión republicana deben ser corregidas a la baja, de manera importante. En estas 22 provincias, Salas atribuye a la represión republicana 60.623 victimas, pero en esas mismas provincias, por otras fuentes, la mayoría de investigaciones recientes, este número se rebaja a poco más de la mitad: 37.843. Una causa de esta diferencia puede ser el gran número de repeticiones en las inscripciones de los Registros: a menudo la víctima aparece inscrita en su pueblo de vecindad y en el lugar del fusilamiento. Es el caso, por ejemplo, de 150 víctimas de Córdoba: están inscritas en Pozo blanco y en Valencia, donde las ejecutaron.

En definitiva, la línea de la investigacion histórica parece claramente definida: los datos tradicionales son casi siempre corregidos al alza, en cuanto a la represión franquista, y corregidos a la baja, en cuanto a la represión republicana. Esta última, cifrada por historiadores del régimen en unos 70.000, no debió superar las 50.000, según las revisiones actuales. Y la represión efectuada por Franco, infravalorada en unos 57.000 hasta ahora, se está revelando mucho más cuantiosa. Si en la mitad de las provincias ya se conocen 72.527 fusilamientos (guerra y posguerra), habría que pensar en el doble para la totalidad de España.