La generación del Estatuto
Villalar 2008
LA GENERACIÓN DEL ESTATUTO
La Comunidad Autónoma de Castilla y León ha
cumplido 25 años. Es tiempo de mirar el camino recorrido desde las primeras
reivindicaciones autonomistas en la campa de Villalar, y de plantearnos hacia
dónde queremos avanzar. Una generación de jóvenes ha crecido con nuestro
Estatuto de Autonomía. Son los hijos de la generación que hizo posible la
transición de un régimen autoritario y centralista a un Estado democrático y
descentralizado que cambió España y abrió las puertas de la autonomía.
En todos estos años, el período democrático
más prolongado de nuestra historia, España ha progresado mucho, y Castilla y
León, también, aunque partíamos de peor situación que otras Comunidades. Y ese
avance es mérito de toda la sociedad de Castilla y León: de las instituciones y
administraciones públicas, de los empresarios, los trabajadores y las
organizaciones ciudadanas. Ahora, el reto es mejorar aún más para situarnos al
nivel de las Comunidades más avanzadas.
Para lograr ese objetivo, Castilla y León
cuenta hoy con un nuevo Estatuto de Autonomía, fruto de una reforma plenamente
constitucional, que refleja nuestras señas de identidad, que defiende los
intereses de los castellanos y leoneses, respetando los de otras Comunidades y
los intereses generales del Estado, y cuya aprobación por las Cortes españolas
no registró ni un sólo voto en contra. El Estatuto de Castilla y León constituye
un auténtico proyecto de futuro para nuestra Comunidad: Tenemos más
autogobierno, más competencias, más derechos sociales…
El desarrollo de nuestra autonomía requiere la
transferencia de las competencias pendientes, especialmente las de Justicia. La
reforma del sistema de financiación autonómica debe atender las previsiones del
nuevo Estatuto sobre la extensión de nuestro territorio, la dispersión de
nuestros pueblos, el envejecimiento y la despoblación. Con ese objetivo, es
necesario alcanzar el máximo acuerdo entre las fuerzas políticas de nuestra
Comunidad en defensa de nuestros intereses, y buscar el consenso con las demás
Comunidades españolas con el fin de acordar una financiación justa y suficiente.
Castilla y León debe impulsar eficazmente un
modelo territorial que atienda a criterios basados en un desarrollo equilibrado,
solidario y sostenible, de modo que podamos ordenar un espacio común,
físicamente articulado, económicamente integrado y socialmente cohesionado.
Debemos avanzar hacia una convergencia económica y social entre los diversos
territorios de nuestra Comunidad, de tal manera que se equipare el nivel de
renta de los ciudadanos y su acceso a prestaciones sociales de calidad en
condiciones de igualdad.
Además de los organismos de interlocución
entre el Estado y las Comunidades Autónomas, la cooperación con el Gobierno de
España se ha de articular a través de la creación de la Comisión de Cooperación
entre la Comunidad de Castilla y León y el Estado, prevista en nuestro Estatuto
de Autonomía. Y es fundamental, también, acordar una mejor financiación local,
puesto que Castilla y León reúne más de la cuarta parte de los municipios de
España, que vertebran nuestro territorio y necesitan más recursos del Estado y
de la Comunidad para prestar los servicios que demandan los vecinos y contribuir
al sostenimiento del patrimonio urbano y rural.
La colaboración entre las administraciones
públicas cobra especial importancia a la hora de hacer frente a la
desaceleración económica. Castilla y León, que aporta trabajadores cualificados
y recursos energéticos al resto de España, y debe mantener un ingente patrimonio
natural y cultural, requiere un esfuerzo inversor del Gobierno de España y del
Gobierno autonómico especialmente en infraestructuras, en los ejes de
comunicación y las redes tecnológicas prioritarias para nuestra Comunidad, y en
el desarrollo de políticas que faciliten el acceso a la vivienda, para dar
respuesta a la demanda ciudadana, sobre todo de los jóvenes y de las familias
con mayores dificultades.
El buen clima de diálogo social en España y en
Castilla y León es un activo fundamental para afrontar los problemas de nuestra
economía. La creación del Consejo del Diálogo Social, previsto en el nuevo
Estatuto, constituye un paso adelante hacia la democracia participativa, que
actúa cada vez más como complemento
de la democracia representativa en las sociedades más modernas. La mejora de la
competitividad y la productividad de nuestras empresas deben ir acompañadas de
la igualdad de acceso y de oportunidades entre hombres y mujeres en el mercado
de trabajo, y de la estabilidad y calidad del empleo, con unos salarios más
justos, con unas condiciones de trabajo dignas y con la garantía de protección
de la negociación colectiva para todos los trabajadores.
Debemos avanzar más rápido en la renovación
tecnológica de nuestras empresas y en la modernización del campo para conseguir
una economía más competitiva, capaz de crear más y mejor empleo. Las
administraciones públicas y las organizaciones políticas y sociales deben
estudiar nuevas medidas vinculadas con la competitividad y el impulso de las
políticas de investigación, desarrollo e innovación, y plantear acciones de
reindustrialización en las zonas más afectadas por la deslocalización de
empresas. Las ayudas públicas a la instalación de empresas tienen como fin
apoyar su viabilidad en beneficio del interés general. Por lo tanto, los poderes
públicos deben aplicar medidas contra la deslocalización de empresas, como está
sucediendo, por ejemplo, con el cierre de la papelera Smurfit.
Nuestro sector agrario cumple una función
estratégica primordial en la economía rural y en el mantenimiento de la
población. El sector se caracteriza por la calidad de nuestras producciones,
pero la crisis de precios y los elevados costes de producción, que ha golpeado
especialmente a las explotaciones ganaderas, requiere que las administraciones
públicas acuerden medidas urgentes con las organizaciones agrarias para
equilibrar la oferta a la demanda, combatir las prácticas desleales y las
posiciones de dominio, corregir las consecuencias de las plagas, y conseguir
unos precios que cubran los costes de producción y permitan una correcta
redistribución de los márgenes comerciales y de los beneficios, a través de la
cadena agroalimentaria, entre productores e intermediarios y en interés de los
consumidores.
El desarrollo económico es condición
indispensable para mejorar la calidad de vida en nuestra Comunidad pero, a la
vez, es imprescindible seguir impulsando políticas de bienestar que aseguren la
cohesión social entre las nueve provincias de Castilla y León, entre el Este y
el Oeste, entre el Norte y el Sur, entre los que más tienen y los que no tienen
de todo, entre hombres y mujeres, entre jóvenes y mayores. La ley de Dependencia
da esperanza a muchas personas que no pueden valerse por sí mismas. Su
aplicación no debe crearles más problemas, sino facilitar su derecho a la ayuda
y la solidaridad de todos. Por tanto, exigimos la colaboración institucional
necesaria con el fin de agilizar la prestación de los servicios previstos en la
ley para miles de familias de nuestra Comunidad.
Los Gobiernos de España y de Castilla y León
han sido pioneros en la elaboración de leyes de igualdad. Ahora, debemos seguir
a la vanguardia en el desarrollo de la igualdad de hecho entre hombres y mujeres
en casa, en las aulas, en el trabajo, en los puestos de responsabilidad y, en
definitiva, en la sociedad de Castilla y León. Y además, reclamamos el
compromiso de todas las instituciones para prevenir la violencia contra las
mujeres y los niños, y para perseguir y condenar a los maltratadores y los
asesinos. Asimismo, queremos hacer un llamamiento a toda la sociedad para
erradicar de nuestra Comunidad cualquier tipo de violencia o discriminación “por
razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o
circunstancia personal o social”, tal y como proclama la Constitución.
Los avances conseguidos en el bienestar de
Castilla y León han sido posibles, también, gracias a la convivencia cívica de
los castellanos y los leoneses en las ciudades y en los pueblos. El papel
desempeñado por el movimiento vecinal como interlocutor de los ciudadanos ante
las administraciones debe ser reconocido con la participación activa de los
representantes vecinales en los foros locales y regionales.
La Comunidad de Castilla y León ha avanzado
mucho en estos 25 años. El reto es seguir progresando juntos, con la
participación de todos y, en especial, con la energía de los jóvenes. El reto es
resolver nuestros problemas de fondo en cooperación con el Estado y con las
demás Comunidades. El reto es que Castilla y León pueda ofrecer a la siguiente
generación las mejores oportunidades de futuro en nuestra Comunidad.
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