| |
|
Los brutales
atentados de Casablanca sólo son una sorpresa relativa. A pocas personas
avisadas les debe coger desprevenidas que haya violencia islamista en
Marruecos. Ya en los años sesenta encontramos en Marruecos el primer
movimiento integrista del Magreb y en los setenta islamistas radicales
asesinaron y protagonizaron actuaciones violentas contra marroquíes
“laicos”. Más tarde, en 1994, islamistas marroquíes asesinaron a dos
turistas españoles. Parece conveniente intentar desentrañar esa “nebulosa
islamista” que constituye el caldo de cultivo de estos movimientos.
El integrismo marroquí, un fenómeno complejo
El
fenómeno integrista apareció en Marruecos ya a fines de los años sesenta,
creado por el sistema. Su papel, en aquel momento, era contrarrestar la
influencia que la izquierda democrática estaba tomando. Eran los años del
auge de la figura de Ben Barka, quien pretendía terminar con el sistema
feudal estableciendo un Estado moderno. La amenaza al sistema se conjuró
por dos vías. Por un lado, Ben Barka fue asesinado en París por los
servicios secretos marroquíes; por otro, el sistema utilizó al Islam a
través de mezquitas y autorizando la creación de la Shabiba Al-Islamiya
(Juventud islámica), movimiento inspirado en los “Hermanos musulmanes”,
liderado por Adelkrim Muti y primera organización de carácter integrista
en el Magreb, nacida en 1969. Este grupo, legalizado en 1972, se dio a
conocer con el asesinato del líder izquierdista Omar Benjelún en 1975. La
inesperada expansión del movimiento provocó la consiguiente represión y
persecución.
Dejando aparte estos antecedentes, se puede decir que actualmente el
integrismo marroquí se agrupa en torno a tres polos: “Justicia y Caridad”,
el “islamismo oficial” y el “islamismo radical”.
El movimiento integrista posiblemente más importante de Marruecos es
“Justicia y Caridad” (Al Adl ua al Ihsan), organización fundada en
1983 (aunque ese nombre lo tiene desde 1987) por Abdesalam Yasín, cuyo
liderazgo parece que va a ser heredado por su hija Nadia. El fundador del
movimiento, Abdesalam Yasín, se hizo famoso al dirigir en 1974 a Hassán II
una conocida carta, “El Islam o el diluvio”, en la que denunciaba la
corrupción del Majzén y la “occidentalización” del régimen y conminaba al
difunto rey a arrepentirse de sus pecados y volver a la vía del Islam. La
carta, dirigida “de tú a tú” al sultán al que los súbditos deben besar las
manos, causó conmoción. Por eso, el autor, Yasín, no fue “encarcelado” por
su osadía sino, simplemente, encerrado en un manicomio. Tras ser puesto en
libertad, continuó sus invectivas contra Hassán, quien le puso bajo
arresto domiciliario (sin juicio alguno) en noviembre de 1989 por no
reconocer la autoridad espiritual del monarca. En esa situación permaneció
hasta que fue liberado en 2000 por Mohamed VI.
Desde los años ochenta, “Justicia y Caridad”, movimiento socio-político
radical, pero relativamente pacífico, fue aumentando sus apoyos de modo
espectacular. No podía extrañar este auge del islamismo en Marruecos, pues
allí se daba el caldo de cultivo perfecto para el integrismo: injusticias
sociales gravísimas (de las que el fenómeno de las pateras sólo es la
parte visible del iceberg) y tremenda corrupción económica y moral del
Majzén, esto es, la elite (política, social y económica) y sus redes
clientelares. En este escenario, la pretensión de Hassán II de obligar a
elegir entre “yo o el integrismo” resultaba viciada por la sencilla razón
de que la corrupción del Majzén y la miseria social provocada eran
el principal alimento del integrismo. “Justicia y Caridad” ha reclutado a
sus seguidores, fundamentalmente, pero no de forma exclusiva, en dos
ámbitos: los barrios bajos y la Universidad. En los barrios bajos y entre
los (cada vez más numerosos) pobres, “Justicia y Caridad” se limita a
ocupar el terreno que el sistema marroquí ha dejado abandonado. El
Majzén, en lugar de intentar crear un “Estado social” en Marruecos
ocupándose de las necesidades básicas de la población (sanidad, educación,
vejez), se ha limitado a acopiar dinero y bienes: el reducido grupo de
familias de la cúpula del Majzén cada vez es más rico, pero el
pueblo cada vez es más pobre. El resultado es que lo que el Majzén
se niega a hacer, lo hace “Justicia y Caridad”. Esta organización trata de
difundir los principios islámicos al mismo tiempo que se dedica a
proporcionar esas mismas necesidades básicas que el Majzén rehúsa
dispensar. Y en un país con una quinta parte de la población
(oficialmente) por debajo del umbral de la pobreza, eso significa una
cantera integrista muy importante. Por su parte, en la Universidad, el
movimiento de Yasín se gana fácilmente la voluntad de los jóvenes al
denunciar a un sistema que de modo prácticamente inexorable les llevará al
paro tras licenciarse.
Para hacer frente al islamismo liderado por Yasín, cuyo principal eje
político era el cuestionamiento del sistema de dominación del Majzén
y, en especial, de la monarquía y de la autoridad religiosa del rey,
Hassán II utilizó varias tácticas que iban desde la persecución implacable
de sus seguidores, hasta otras más sutiles que se resumían en el viejo
adagio “divide y vencerás”. ¿Cuáles fueron éstas? Pues fundamentalmente
dos: por un lado, alentar un movimiento islamista “oficial” (centralizado
en el Ministerio de Asuntos Religiosos y en el Partido de la Justicia y el
Desarrollo); por otro, dejar que Arabia Saudí financiara la propaganda en
Marruecos del wahabismo (corriente que nunca había tenido eco allí) para
detraer seguidores al tipo de Islam preconizado por el jeque Yasín.
En primer lugar, por tanto, se trató de construir un “islamismo oficial”
que pudiera defender las posiciones sociales del integrismo sin poner en
duda a la monarquía y al sistema del Majzén, tal y como ha
confesado recientemente el propio Driss Basri, uno de los arquitectos de
esa estrategia. Este islamismo “oficial” emanaba de varios centros,
fundamentalmente el Ministerio de los Habús y los Asuntos Islámicos y el
Partido Justicia y Desarrollo.
Aunque resulte sorprendente, el propio Majzén ha sido uno de los
impulsores del integrismo en Marruecos, y más en concreto, el Ministerio
de los Habús y los Asuntos Islámicos, que es uno de los ministerios
reservados “en exclusiva” al rey y cuyo titular ha sido hasta fechas
recientes Abdelkadir M'Dagri Alaui. M’Dagri Alaui (pariente del monarca)
fue el propulsor de la política de la “esfera de integración”, según la
cual, dado que la ola islamista será inevitable y durará varios decenios,
el Estado no debe oponerse a ella, sino integrar progresivamente los
movimientos fundamentalistas. Como consecuencia, era preciso reservar a
los mismos una “esfera de integración”, una puerta abierta. La paradoja ha
sido que uno de los principales beneficiarios de esa política de la
“esfera de integración” ha sido “Justicia y Caridad”. De acuerdo con la
política patrocinada por M’Dagri, la asociación de Yasín no es legal, pero
tampoco ilegal: es un movimiento “tolerado”. Y lo mismo ocurre con otros
25 movimientos integristas. Como “tolerados”, celebran reuniones públicas,
difunden comunicados y aparecen (muy frecuentemente, por cierto) en la
televisión oficial. Además, ha sido en esta época cuando han proliferado
las mezquitas “incontroladas” en los barrios más miserables de los
suburbios marroquíes. En efecto, se ha acusado a M’Dagri Alaui de
preocuparse únicamente por las mezquitas “rentables” por sus “habús” (una
especie de fundación pía
islámica). Este fracaso llevó a que M’Dagri fuera sustituido por Ahmed
Taufkir en la última remodelación gubernamental.
En segundo lugar, el islamismo político se irradia en Marruecos desde un
partido político legal, el Partido “Justicia y Desarrollo” (Al Adl ua al
Tanmia), presidido por un hombre cercano al Majzén, Abdelkrim Al Jatib,
pero con una corriente interna “dura” liderada por Abdelilá Benkirán (que,
a su vez, ya en 1977, había fundado una asociación islamista con el
expresivo nombre de Yamaa Al-Islamiya). El Partido de la Justicia y
Desarrollo (PJD) nació en la época de Hassán II con el objetivo de
controlar políticamente a los sectores integristas. Su origen está en la
asociación “Reforma y Renovación” (al Islah Wa Atajdid) que en 1996 fue
autorizada por el difunto Hassán II a tomar el control de uno de los
partidos del sistema, el “Movimiento popular constitucional y democrático”
(MPCD) que estaba en situación precaria. Este partido fue rebautizado como
“Partido de la Justicia y del Desarrollo”. Se pretendía que el mismo
hiciera una oferta “socio-político-cultural-religiosa” similar a la de
“Justicia y Caridad” (tiene como objetivo político la progresiva
implantación de la sharia y el rechazo de los valores occidentales), pero
con una diferencia esencial: mientras “Justicia y Caridad” niega la
autoridad del sultán y al no estar legalizada no puede (ni, en principio,
quiere) presentarse a las elecciones, “Justicia y Desarrollo” sí que
reconoce esa autoridad y se ha presentado a los comicios. El problema es
que, si bien “Justicia y Desarrollo” no pone en duda la figura de Mohamed
VI (así, por ejemplo, participó en la ceremonia ecuménica de la catedral
de Rabat del 16 de septiembre), dentro del partido existe un núcleo “duro”
en torno al “Movimiento de la Unicidad y la Reforma” (MUR) que defiende
una política islamista “de máximos”, tanto desde el Parlamento, como desde
su principal publicación, el diario Attajdid y los demás instrumentos de
intervención pública a su disposición. Desde que los integristas liderados
por Jatib tomaron el control del “Movimiento popular constitucional y
democrático” (MPCD) para convertirlo en el Partido de la Justicia y
Desarrollo (PJD), la corriente integrista “dura” del “Movimiento de la
Unicidad y la Reforma” (MUR), liderada por Benkirán y Ahmed Raisuni, ha
venido actuando como tal grupo. Precisamente para poner freno al
extremismo del MUR, que ha actuado a menudo fuera de la disciplina del
partido, se acaba de crear en el seno del PJD otra corriente mucho más
cercana al Majzén, el movimiento “Vigilancia y Virtud” (MVV) patrocinada
por Jatib.
Para hacer frente a “Justicia y Caridad”, el Majzén no sólo ha impulsado
un “islamismo oficial”, sino que ha dejado que creciera un islamismo
radical. Este islamismo se ha construido fundamentalmente en torno a tres
grupos. El primero es “Separación y excomunión” (Al Hijra Ua Takfir),
liderado por Yusef Fikri, que ha cometido varios asesinatos de personas
transgresoras de la sharia (por consumo de alcohol, por ejemplo) y que
tiene seguidores en la periferia de las grandes urbes, incluida
Casablanca. El segundo es el grupo “Camino recto” (Assirat Al Mustakim)
que es una escisión del grupo anterior, pero aún más radical, formado en
la “escuela afgana” y que ha cometido en Casablanca varios asesinatos,
inducidos algunos de ellos por su líder, Zakaria Miludi. En tercer lugar,
encontramos otro grupo formado con “afganos” que es la Salafiyia Yihadihia.
Uno de los líderes de este movimiento, Mohamed Fizazi, que apoya
expresamente a Bin Laden, publicó en 1993 una “Carta al guía de Justicia y
Caridad” en la que le acusaba de tibieza.
Todos estos grupos radicales se alimentan de la ideología wahabista que
circula libre y generosamente por Marruecos, aunque sea extraña a la
tradición islámica del país. Nos podríamos preguntar por qué Marruecos ha
permitido la circulación de toda esta literatura wahabita y de sus
misioneros generosamente financiados por los saudíes. Se podrían apuntar
varias razones. En primer lugar, porque los islamistas wahabitas segaban
la hierba bajo los pies a los islamistas de Yasín a quienes
desacreditaban, precisamente, por su (relativo) pacifismo. Conseguía así
Hassán II dividir aún más el islamismo. En segundo lugar, porque además de
lo anterior, Hassán II tenía importantes deudas con los saudíes. Fueron
los saudíes quienes apoyaron políticamente a Marruecos en el mundo árabe
en el conflicto del Sahara (la RASD no fue reconocida como Estado miembro
de la Liga Árabe), convirtiendo en parias a los saharauis (que no tenían
la suerte de los palestinos de tener por enemigo a un país no árabe y
tenían la desgracia de enfrentarse a un jefe de Estado emparentado
lejanamente con la familia real saudí). Además, los saudíes financiaron
buena parte de la guerra de Marruecos contra los saharauis, incluyendo la
construcción de los muros defensivos en el desierto.
Los fundamentos de la
deseada estabilidad política interior
Hasta ahora, el discurso oficial marroquí consideraba que la figura del
rey constituía el pilar básico de la estabilidad política interior del
país. La razón principal de ese carácter básico radicaba en el hecho de
que el monarca, además de “jefe del Estado” ostenta el título de “príncipe
de los creyentes” (emir al munimim) que la Constitución marroquí de 1996
le confiere en su artículo 19. Sin embargo, este fundamento está siendo
minado desde tres posiciones.
En primer lugar, el jeque Abdesalam Yasín, líder de “Justicia y Caridad”
ha negado radicalmente al sultán marroquí el título de “príncipe de los
creyentes”. Yasín incluso llegó a considerar a Hassán como un “pecador” y
ha advertido a su hijo de que las riquezas que ha heredado son ilegítimas.
Si tenemos en cuenta que, posiblemente, “Justicia y Caridad” es el
movimiento mayoritario entre la población marroquí constataremos que ese
fundamento de la estabilidad política marroquí queda muy debilitado.
Tradicionalmente, “Justicia y Caridad” se ha negado a participar en las
elecciones, por lo que es difícil cuantificar su apoyo social. Para ello,
por un lado, se ha atendido a la capacidad de movilización mostrada con
varias iniciativas (manifestaciones, campañas de acoso a turistas en las
playas) y, por otro, al índice de abstención (postura preconizada por
Yasín) en los procesos electorales. La abstención, estimada oficialmente
en un 45% es, sin duda, superior (posiblemente del 60-65%). Esta
“pasividad” de “Justicia y Caridad” ha sido utilizada por los movimientos
integristas radicales para acusar a la asociación de Yasín de “inútil
actitud de espera”. Sin embargo, el movimiento de Yasín acaba de dar un
paso importante al “tomar” la dirección del sindicato, hasta ahora
controlado por el partido socialista.
En segundo lugar, la discusión sobre la reforma del vigente código de
estatuto personal (la Mudawana). Al acceder al trono, Mohamed VI convirtió
la reforma de la Mudawana en una bandera de su política de
“modernización”. La reforma de la Mudawana, que consagra las más
humillantes discriminaciones contra la mujer (poligamia, repudio,
privación de la patria potestad y de la capacidad de obrar, etc.)
constituye una piedra de toque para verificar si efectivamente hay una
modernización del sistema y, de paso, calibrar la relación de fuerzas
entre “modernizadores” y “conservadores”. Esta reforma, prometida por el
rey y que fue asumida por el partido socialista (laico) del primer
ministro Yusufi, hasta ahora ha sido bloqueada, precisamente, por el
ministro de Asuntos Islámicos... ¡uno de los ministros “de soberanía” del
rey (nombrado y destituido por él)! La reforma ha quedado en un punto
muerto (como muchas otras reformas prometidas al inicio del reinado de
Mohamed VI) sin que haya servido de nada el cambio de M’Dagri Alaui por
Taufkir en el Ministerio de Asuntos Religiosos y el de Driss Dahak por
Mohamed Bucetta en la presidencia de la comisión de reforma de la Mudawana.
En este momento, la reforma está siendo bloqueada por el MUR, el ala
“dura” del propio partido islamista “oficial” (el PJD). Este bloqueo del
Movimiento para la Unicidad y la Reforma además, inesperadamente, ha
abierto la puerta a un nuevo cuestionamiento de la figura del rey por los
integristas. Ante la irreducible oposición de concepciones frente al
estatuto de la mujer, Ahmed Raisuni, importante miembro del MUR que forma
parte de la comisión, ha propuesto que tanto “modernistas” como
“conservadores” propongan cada uno su propio modelo de mudawana y que la
cuestión se someta a referéndum. Esta propuesta constituye una carga de
profundidad contra la monarquía, pues implica la sustitución del principio
del arbitraje regio por el del arbitraje popular. La cuestión es tanto más
importante cuanto que opera sobre una materia de claro contenido
religioso.
A ello debe sumarse, en tercer lugar, que la ideología wahabita, igual que
ocurre en Arabia Saudí, deja abierta la puerta a que la figura del
“príncipe de los creyentes” pueda ser ostentada por cualquier clérigo. El
ejemplo lo hemos visto en el Afganistán de los talibán, donde el mulá Omar
se atribuyó ese mismo título.
El auge del islamismo se ha puesto de manifiesto en las últimas
elecciones, celebradas en 2002. Precisamente porque se auguraba un aumento
de apoyo popular al único partido islamista que concurría a las
elecciones, el Partido de la Justicia y Desarrollo, su dirección
“oficialista”, llegó a un pacto con el gobierno (confesado públicamente)
para presentar candidaturas en la mitad de los distritos únicamente. Se
trataba de no “dañar” la imagen exterior del país con un triunfo islamista
que se consideraba seguro si el PJD se presentaba en todas las
circunscripciones. A pesar de estas prevenciones, el aumento de votos
islamistas fue incluso mayor de lo esperado y se produjo un sorprendente
“apagón” en la producción de los resultados. De hecho, ni siquiera hoy se
conocen todas las cifras exactas del escrutinio. Parece verosímil que el
reparto de escaños fuera fabricado en detrimento de los islamistas, pero
aun así, el PJD ha quedado, oficialmente, como tercer partido a pesar de
presentarse sólo en la mitad de las circunscripciones.
La situación en este momento se ha degradado de tal modo que lo que
aparecía en el discurso oficial como garantía de estabilidad (el título de
“príncipe de los creyentes” atribuido al rey) puede convertirse en una
fuente de inestabilidad. A este respecto podría resultar aleccionadora la
historia de las monarquías europeas, que pudieron pervivir al convertirse
en “Monarquías parlamentarias”, lo que implicaba la renuncia del rey a
ejercer cualquier poder (ejecutivo, legislativo o judicial) de modo que al
no tener su suerte ligada a ningún partido, la eventual crisis de la
formación gobernante no podría arrastrarle. En Marruecos, en este momento,
el rey, no sólo posee políticamente (de forma directa o indirecta) todos
los poderes (ejecutivo, legislativo y judicial), sino que está implicado
en un determinado “partido religioso”. La pretensión de ser “príncipe de
los creyentes”, por más que esté establecida en la Constitución (votada en
un referéndum de más que dudosa credibilidad democrática: 99’56% de síes),
es ahora una pretensión “de partido”, en concreto, del que se pudiera
llamar “islamista moderado”. El que cabría denominar como “partido
religioso radical” (englobado, sin duda, por Justicia y Caridad, pero
también con una parte del Movimiento de Unicidad y Reforma y de los
movimientos integristas radicales) cuestiona ese título. Así, el eventual
triunfo del “partido religioso radical” supondría un desgaste del rey,
cuya suerte aparece unida a la del “partido religioso moderado”. Ese
desgaste sería menor, sin duda, si el rey no estuviera implicado en las
luchas religiosas que se desarrollan en Marruecos y si se hallara en una
situación “suprasectaria”, del mismo modo que los reyes europeos para
salvarse se ubicaron en una posición “suprapartidista”. Ahora bien, la
renuncia del monarca a su poder religioso parece que sólo sería posible si
también renunciara al poder político. Sin embargo, esto último, solicitado
por los sectores más “modernistas” de Marruecos (cuya figura emblemática
es el primo carnal del rey Mulay Hicham), es sumamente improbable en este
momento. Al menos hasta ahora, el dato objetivo es que Mohamed VI no sólo
no ha renunciado a sus poderes, sino que incluso ha aumentado los que
tenía Hassán II al morir, al hacer depender del Ministerio del Interior
(controlado por él) la gestión de las inversiones que antes se llevaba a
cabo desde el Ministerio de Economía (dependiente del primer ministro). El
exilio de Mulay Hicham expresa la derrota de las tendencias modernistas
marroquíes.
La imagen de Marruecos y su
política exterior
Hassán II consiguió reforzar su política exterior con una imagen de
baluarte contra el integrismo. Precisamente cuando se produjo el atentado
de Marrakech, en 1994, con el asesinato de dos turistas españoles, la
primera reacción del régimen fue la de culpar a una “conexión exterior”.
El régimen marroquí culpó a integristas argelinos (incluso a los servicios
secretos de esa nacionalidad) y a la propia República de Argelia por
considerar que la laxitud de sus controles fronterizos permitió la entrada
en Marruecos de esos terroristas. Para aprovechar aún más la ocasión, el
gobierno marroquí llegó a decir que los terroristas de Marrakech habían
pasado por los campamentos del Frente Polisario en Tinduf. La consecuencia
de todo ello fue la imposición del visado para los ciudadanos argelinos y
el ulterior cierre de fronteras entre Marruecos y Argelia, que se mantiene
todavía. Las investigaciones desarrolladas después, sin embargo, pusieron
de manifiesto que todo aquello no era cierto y que los terroristas eran
marroquíes y habían operado desde el interior del país. Sin embargo, estos
datos se confirmaron mucho después de que la noticia saltara al primer
plano de la actualidad y, gracias a ello, la imagen de Marruecos como
lugar inmune al integrismo quedó prácticamente intacta.
Tampoco han afectado a la imagen de Marruecos algunos episodios oscuros
relacionados con el terrorismo integrista que asola Argelia. Así, poco
después del atentado de Marrakech, en 1994, Hassán II intentó negociar la
entrega a Argelia del sangriento terrorista islamista Abdelak Layada,
detenido en Marruecos a cambio del abandono de apoyo al Polisario. En
1994-1995, en la conferencia de ministros del Interior de la Unión del
Magreb Árabe, Argelia trató de incluir en el orden del día la cuestión del
terrorismo, pero Hassán II se opuso. No en vano, veía con complacencia
cómo el terrorismo debilitaba a su adversario, Argelia, y, en
consecuencia, a su protegido, el Frente Polisario.
La imagen marroquí, sin embargo, ha empezado a deteriorarse después de los
atentados del 11 de septiembre. En primer lugar, por la implicación de
marroquíes en los mismos (el único detenido en EEUU es marroquí) y en la
red de Al Qaeda. Súmese a lo anterior que algunos de los imanes nombrados
por el ministro M’Dagri Alaui (y que, por tanto, cabría calificar de
“oficialistas”) después del 11-S llegaron a defender la licitud de los
brutales atentados de Osama Bin Laden o a criticar la ceremonia ecuménica
que, patrocinada por el propio Majzén como desagravio de las víctimas, se
celebró en la catedral de Rabat el 16 de septiembre.
Esta imagen de “bastión” frente al integrismo islámico trató de reforzarse
aún más con la extraña detención de un grupo de marroquíes y saudíes, en
mayo de 2002, que supuestamente planeaban atentados contra barcos de la
OTAN en el Estrecho de Gibraltar. Con esta operación, Marruecos pretendía
asumir el papel de “guardián” de los intereses occidentales en el Estrecho
de Gibraltar en detrimento de España. Sin embargo, esta historia contenía
numerosas incoherencias que la hicieron poco creíble. Es posible que los
detenidos estuvieran relacionados con Al Qaeda (algo que no está claro ni
siquiera hoy), pero lo que es difícilmente creíble es que esos detenidos
fueran a lanzar sus embarcaciones cargadas de explosivos pasando la carga
letal la frontera de Marruecos a Ceuta ¡y a Melilla! para atacar en el
Estrecho. Si en este momento las “pateras” con emigrantes que cruzan el
Estrecho salen de las propias costas marroquíes precisamente porque el
control es menor, no se entiende por qué las embarcaciones con explosivos
iban a utilizar otros puntos de salida. No hay razón para que lo que hacen
con impunidad los traficantes de seres humanos (salir de las costas
marroquíes) no lo fueran a hacer los supuestos terroristas. Además, cuando
se anunció la detención de esa “célula” se habló de unos explosivos que
hasta ahora no se han encontrado. La prueba de que esta historia no tuvo
una credibilidad real es que a partir de los preparativos de la guerra de
Irak de 2003, la vigilancia del Estrecho se ha encomendado a España sin
concurso de Marruecos. Por lo demás, cabría plantearse si esta historia no
fue una coartada para la posterior invasión del islote Perejil, pues no en
vano el gobierno marroquí aludió a la necesidad de vigilar el Estrecho
frente a posibles atentados para justificar su ocupación.
En definitiva, la política exterior marroquí se ha construido con ayuda de
una imagen de Marruecos como país “baluarte” frente al integrismo islámico
y él mismo inmune al integrismo y al terrorismo. Esta imagen ha servido
para diferenciarse de Argelia, considerado un país “productor” de
terrorismo islámico “interior”. Uno de los corolarios era la idea de lo
conveniente que sería un Sahara anexionado al país estable que sería
Marruecos, en lugar de asociado a la inestable Argelia. De ahí que después
de los atentados de Casablanca, la principal preocupación del gobierno
marroquí sea la de atribuir los atentados a una mano “exterior”. Los
datos, sin embargo, ensombrecen esa pretensión: todos los autores han sido
marroquíes y los explosivos parece que eran de fabricación casera
marroquí. Incluso los móviles podrían encuadrar en los de otros atentados
integristas marroquíes (lucha contra centros conocidos por vender alcohol
también a ciudadanos marroquíes, como la Casa de España). Si se llegara a
demostrar que los atentados de Casablanca son un producto “interior”,
todos los estigmas que han recaído (con la complacencia de Marruecos,
obviamente) sobre Argelia, se volverían contra el país gobernado por
Mohamed VI.
Los atentados terroristas de
Casablanca pueden llegar a constituir el detonante de una grave crisis de
la política interior y exterior marroquí. Desde el punto de vista
interior, el discurso marroquí de la estabilidad deberá cambiar
radicalmente, pues la Corona no ha servido de freno al integrismo, por lo
que puede verse afectada por la vorágine islamista. Se hace más urgente
que nunca la, sin embargo improbable, democratización de Marruecos
acompañada de la lucha contra la corrupción y la pobreza. Desde el punto
de vista exterior, la imagen de Marruecos como país inmune al integrismo y
al terrorismo islámico y, por lo mismo, baluarte frente al integrismo y el
terrorismo de los vecinos (Argelia) se ha visto gravemente comprometida.
Como consecuencia, podría incluso verse comprometido el apoyo brindado a
Marruecos frente a Argelia en la cuestión del Sahara Occidental basado en
el argumento de la “seguridad” que ofrecería Marruecos frente a un
escenario integrista; éste sólo podría quedar alterado por medio de una
modernización y democratización profundas que, sin embargo, resultan hoy
día improbables.
(*)
Carlos Ruiz Miguel es Catedrático de Derecho
Constitucional en la Universidad de Santiago de Compostela
|
|
Para más
información:
Libro de interés:
|
