Sindicatos Vendidos

Citibank pagó 650.000 euros a CCOO, UGT y FITC Por Manuel Rico (Interviú). , España, 20 de noviembre de 2004. Citibank ha reconocido en un juzgado el pago de más de 650.000 euros a los sindicatos Comisiones Obreras, UGT y FITC por "el esfuerzo que realizaron" durante las negociaciones de cuatro acuerdos laborales. Ese esfuerzo se concretó en cientos de bajas y en pérdida de derechos adquiridos por los trabajadores. CCOO resta importancia al cobro de dinero y dice que es "práctica habitual" que las empresas asuman las minutas de sus abogados y expertos.Los sindicatos mantienen que su misión es defender a los trabajadores, pero hay prácticas que cuestionan seriamente esta declaración de intenciones. Una de las más escandalosas se ha producido durante los últimos años en Citibank España, entidad financiera que ha pagado un mínimo de 650.000 euros a Comisiones Obreras, UGT y FITC (Federación Independiente de Trabajadores del Crédito) a cambio de su colaboración para cerrar cuatro negociaciones laborales. Estos acuerdos supusieron una importante reducción de la plantilla y eliminaron derechos adquiridos de los empleados. Los hechos son investigados por el Juzgado de lo Social Número 35 de Madrid, como parte de un pleito entre el banco y un ex ejecutivo del mismo. "Pagar a los sindicatos por su trabajo es una práctica habitual de mercado", confesó el presidente de Citibank España, Sergio de Horna, durante la vista oral celebrada el pasado 29 de octubre. Citibank opera en el mercado español desde 1983 y es una filial de banca de consumo de Citigroup, la principal compañía de servicios financieros del mundo. El pago a los sindicatos se inició hace cinco años, cuando la empresa decidió trasladar desde Madrid a Barcelona el centro de servicio de llamadas telefónicas. El acuerdo afectaba a cerca de 250 trabajadores y la mayoría se negó al cambio por los graves inconvenientes que les suponía cambiar de ciudad, de forma que optaron por dejar su empleo y aceptar las indemnizaciones previstas en el pacto con el banco, que fue suscrito el 25 de noviembre de 1999 por CCOO, UGT y FITC. Durante la negociación, Citibank España ordenó pagar 234.000 euros (39 millones de pesetas) a los tres sindicatos. Este dinero no se ingresó directamente en las cuentas de las centrales, sino que se abonó por medio del prestigioso bufete de abogados Baker & McKenzie. Entre la documentación aportada por las partes al Juzgado de lo Social figuran varias cartas de Baker & Mckenzie a Citibank, fechadas en los primeros meses de 2000, en las que se explica que la facturación mensual del bufete incluye los "pagos a terceros". Estos hechos eran conocidos por los responsables de la entidad financiera en Estados Unidos, ya que fueron informados por Juan Carlos Sancho, director financiero de Citibank España. La Unidad de Riesgos del banco, con sede en Nueva York, preguntó a la filial española por diversos aspectos del acuerdo de traslado a Barcelona y Sancho les respondió a través de un correo electrónico: "Los honorarios de los abogados fueron por el asesoramiento legal prestado en el proceso de negociación y por los procedimientos legales mantenidos ante las autoridades laborales, al efecto de cerrar los casos uno a uno. Ello también incluye los honorarios de los sindicatos, pagados a través de los abogados (39 MM pesetas)", se indica en el correo firmado por Juan Carlos Sancho y enviado el 27 de julio de 2000. El segundo acuerdo entre Citibank y los sindicatos, firmado el 30 de mayo de 2000, supuso una reducción de plantilla de más de 200 personas mediante un plan de prejubilaciones y bajas incentivadas. El banco entregó otros 234.000 euros a las centrales, de nuevo a través de Baker & Mckenzie. La cantidad total se fraccionó en tres entregas, facturadas a Citibank por el bufete de abogados durante los meses de mayo, junio y julio de 2000. La existencia de pagos por medio de Baker & Mckenzie fue admitida por Citibank durante la vista judicial. Sergio de Horna, presidente del banco desde marzo de 2002 y máximo responsable de los servicios jurídicos cuando se produjeron dichas entregas de dinero, declaró que "inicialmente se hicieron pagos a Baker y desde ahí se podía pagar a los sindicatos por el trabajo que estaban haciendo". El presidente de Citibank era entonces Charles del Porto, ahora jubilado y que no compareció en el juicio. Sergio de Horna explicó que, desde que él asumió la presidencia, se dejó de utilizar al bufete de abogados para abonar dinero a las centrales: "Durante mi mandato, todos los pagos están perfectamente facturados y abonados directamente en cuentas de los sindicatos. En ningún momento se realizaron pagos irregulares". Sergio de Horna se refería a otros dos acuerdos alcanzados bajo su presidencia con los sindicatos, en noviembre de 2002 y julio de 2003. En el primer caso se reformó el plan de pensiones para los empleados de la entidad, de forma que el banco se ahorró más de un millón de euros en aportaciones ya comprometidas. En el segundo caso, las centrales aceptaron el traspaso de activos desde Citibank a una nueva empresa denominada Citifin, lo que garantiza ahorro de costes en el futuro: todos los empleados que entren en Citifin estarán regulados por el convenio de entidades financieras, que es mucho menos favorable para los trabajadores que el de banca que rige en Citibank. En relación a estos dos acuerdos existe una discrepancia sobre las cantidades abonadas por Citibank. Sergio de Horna admitió el pago de 143.290 euros a CCOO y de 41.829 euros a FITC por ambas negociaciones. Es decir, que el banco habría abonado 92.414 euros por cada uno de los dos acuerdos. Estas cifras plantean una pregunta: si en los pactos alcanzados en 1999 y 2000 los "honorarios sindicales" se cifraron en 234.000 euros cada uno, ¿por qué en los años 2002 y 2003 se reduce a tan sólo 92.414 euros? En el juicio se escucharon dos versiones diferentes. El ex ejecutivo del banco aseguró que la cifra realmente pagada fue similar en todos los casos, pero que en 2002 y 2003 una parte se abonó en dinero negro. En concreto, indicó que él mismo había entregado 144.242 euros a CCOO y 125.490 euros a FITC, siguiendo las instrucciones de sus superiores. Esta versión la rechaza tajantemente Sergio de Horna, quien insistió en que jamás se había pagado en dinero negro. Eso sí, el presidente de Citibank no supo explicar a qué se debía la diferencia: "No soy consciente de por qué se pagó ahora menos que en 2000", contestó durante el interrogatorio. De acuerdo con la versión de la entidad financiera, el antiguo ejecutivo se quedó con ese dinero y, al ser descubierto, se inventó como coartada que lo había entregado a los sindicatos. En caso de que finalmente se probasen las entregas de dinero negro, Citibank habría entregado en total 925.000 euros, en vez de los 650.000 reconocidos oficialmente. El juez encargado del caso requirió a las centrales para que indicasen qué cantidades habían recibido de Citibank entre 2000 y 2003. Comisiones Obreras admitió sólo el cobro de 143.290 euros y, de hecho, presentó una certificación en la que indica que cobró en concepto de "asesoramiento". FITC admitió el cobro de 41.829 euros. Estas cifras se corresponden en ambos casos con las recibidas oficialmente por los acuerdos firmados en 2002 y 2003. Los sindicatos no mencionan los cobros del año 2000, quizá acogiéndose a la literalidad de la pregunta, ya que el pago no lo realizó directamente Citibank sino Baker & McKenzie. En todo caso, los pagos de 2000 fueron admitidos por la entidad financiera. UGT deja de cobrar En las dos negociaciones cerradas en 2002 y 2003, UGT no percibió ninguna cantidad. La principal razón es que, dentro de UGT, se había producido un importante conflicto tras conocerse internamente la existencia de cobros por los dos primeros acuerdos. En varias reuniones de la sección sindical de UGT en Citibank, celebradas durante el año 2001, se comentó que el sindicato había recibido 48.000 euros (ocho millones de pesetas) por el pacto sobre bajas incentivadas alcanzado en 2000 y que el secretario general de la Federación de Servicios de Madrid, José Miguel Villa, había "recibido un favor" del banco. En concreto, su ex mujer entró en la plantilla de Citibank el 6 de febrero de 2001. Buena parte de los delegados de UGT en Citibank abandonaron el sindicato en mayo de 2002 y se fueron a la CGT (Confederación General del Trabajo). Teo Ortiz, uno de los sindicalistas que abandonó UGT, explicó durante el juicio que "José Miguel Villa admitió durante una conversación conmigo que habían recibido el dinero y aseguró que Comisiones Obreras estaba cobrando más que UGT". Todos estos hechos llevaron a los responsables de Citibank a pensar que UGT no era un sindicato tan fiable como CCOO, al menos a la hora de mantener la confidencialidad sobre los pagos. Durante la vista judicial, Sergio de Horna intentó justificar los pagos de los años 2002 y 2003 con dos argumentos: que "son prácticas habituales del mercado" y que las centrales "estaban realizando esfuerzos muy grandes". Sin embargo, no supo contestar a la siguiente pregunta que le planteó el abogado de la acusación: "Si había cinco sindicatos con representación, ¿por qué se pagó sólo a CCOO y FITC? ¿Es que los demás sindicatos no realizaban esfuerzos?". Además de las centrales que cobraron, existían en ese momento en Citibank secciones sindicales de UGT, de CGT y del sindicato nacionalista gallego CIG. El dirigente de Comisiones Obreras Francisco Baquero señaló a interviú que los pagos recibidos correspondían en todos los casos a la labor de asesoramiento practicada por el sindicato: "Nuestros abogados y expertos han dedicado muchas horas a cada negociación. Es práctica habitual preguntar en asamblea a los trabajadores no afiliados si quieren asumir ellos las minutas o si prefieren que pague la empresa". Respecto al hecho de que los primeros abonos se realizaran por medio de Baker & McKenzie, Baquero contestó lo siguiente: "Todos los pagos están facturados con IVA y reflejados en nuestro balance". Periodista Digital, SL CIF B82785809 Copyleft 2002 y publicado en Interviú http://www.zetainterviu.com/rp10.asp?i_c=21401



La MAYOR EMPRESA del ESTADO
Los sindicatos UGT y CCOO reciben anualmente más de32.000 millones de pesetas procedentes de las arcas del Estado, según los datos recogidos del BOE por esta revista. Ello significa que cada contribuyente a la Seguridad Social aporta anualmente 2.000 pesetas sólo para los sindicatos. Si a ello sumamos, el dinero procedente del Fondo Social Europeo o el percibido de cada una de las autonomías, la cuantía se dispara a una cifra muy superior, difícil de averiguar.
En cualquier caso, el dinero recibido de subvenciones, la mayoría para cursos de formación, es muy superior a los presupuestos que manejan anualmente los sindicatos y que declaran como ingresos procedentes de las cuotas de afiliación.
El dinero total percibido por sindicatos, organizaciones empresariales y otras instituciones de las denominadas sin ánimo de lucro procedentes de los Presupuestos Generales del Estado y del Fondo Social Europeo supera anualmente los 200.000 millones de pesetas. La mayoría de esta cantidad se destina a financiar cursos de formación, cuyo gasto es difícil de controlar, como se ha demostrado en nuestro país con las presuntas irregularidades aparecidas en el FORCEM. De hecho, la financiación de sindicatos y otras organizaciones sin ánimo de lucro sigue siendo hoy un sistema complejo sobre el que apenas existe información pública. A la hora de investigar su destino o simplemente sumar cantidades, se llega a la conclusión de que es prácticamente imposible saber con exactitud el dinero que mueven, pese a que suman miles de millones. En nuestro país sus ingresos están sometidos a la vigilancia del Tribunal de Cuentas y de la Intervención General del Estado. El pasado 7 de julio el BOE recogía dos resoluciones de la Dirección General del INEM en las que se publican las convocatorias de ayuda para los planes de formación continua para este año por un importe de 106.000 millones de pesetas.
Los datos muestran que UGT recibirá durante este ejercicio 17.000 millones de subvenciones para la formación continua de Trabajo y CC OO otros 11.000 millones de pesetas. En total, 28.000 millones. Sólo estas ayudas oficiales representan más de lo que los dos sindicatos declaran que perciben de las cuotas de sus afiliados. El sindicato que dirige Cándido Méndez asegura que sus ingresos anuales por afiliación rondan los 12.000 millones anuales. UGT cuenta con cerca de 800.000 afiliados que abonan una media mensual de 1.300 pesetas. El sindicato, que emplea a cerca de un millar de asalariados, tuvo problemas económicos a raíz del fracaso de la cooperativa de viviendas PSV, que le ocasionó un endeudamiento cercano a los 20.000 millones de pesetas. El sindicato alega en su descarga que no ha recibido más que una parte de su patrimonio histórico, que valora en unos 45.000 millones de pesetas. Una petición que es rechazada desde el Gobierno, donde se asegura que el patrimonio histórico de los sindicatos ya ha sido devuelto a estos prácticamente en su totalidad. Las cuentas del sindicato que dirige José María Fidalgo son muy similares, ya que el número de afiliados ronda los 850.000, y la cuota es similar a la de UGT. Sin embargo, CC OO cerró, por ejemplo, el ejercicio de 2000 con un ligero superávit. Los sindicatos mayoritarios reciben también más de 2.000 millones anuales (1.010 millones UGT y 1.050 millones CC OO) en concepto de fomento del empleo. Otros 300 millones de pesetas largos para la formación ocupacional y casi 1.300 millones de pesetas como un complemento reconocido así por el Ministerio de Trabajo bajo el epígrafe de «actividades sindicales».
Un capítulo aparte merece la devolución del patrimonio histórico de estos sindicatos, que aún sigue siendo motivo de polémica con el Gobierno, ya que las organizaciones sindicales reclaman propiedades que éste aún no está dispuesto a reconocer. Las dos sindicatos disponen en la actualidad de 545.000 metros cuadrados para desarrollar sus actividades en toda España que han sido cedidos por el Estado en aplicación de la Ley 43/1998, de 15 de diciembre de ese año, sobre la restitución o compensación a los partidos políticos de bienes y derecho incautados en aplicación de la normativa sobre responsabilidades políticas del período 1936-39. La citada ley establecía la devolución de los bienes inmuebles anteriores a la Guerra Civil siempre que se demostrara su utilización y establecía una subvención para aquellos casos en los que no fuera posible ésta. Los dos sindicatos disponen además de 203.000 liberados en toda España, entre instituciones oficiales y empresas de carácter privado. La distribución de estos liberados sindicales es muy similar. La mitad de ellos, alrededor de 103.000, corresponden a UGT y 100.000 a CC OO. Los liberados sindicales cobran el sueldo de la empresa para la que trabajan, no del sindicato. Si hubiera que comparar esta cifra con el empleo generado por empresas españolas, cabría decir que los liberados representan la plantilla más numerosa, después de la de la Administración
A. Guerrero

CCOO y UGT, que apoyaron la privatización del Plan de Pensiones de los funcionarios Públicos, se autorregalan el control de su gestión y de sus beneficios Hasta ahora sabíamos que los "sindicatos mayoritarios" (CCOO y UGT) recibían grandes cantidades de dinero a través de los Presupuestos del Estado, de las Comunidades Autónomas, de los cursos de formación, de sus empresas constructoras o de sus seguros, etc., ahora se avanza un poco más y de paso se cuestiona sutilmente el futuro de las pensiones de la Seguridad Social: los gobiernos, tanto el del PP en el 2002 como del PSOE actual, les van a regalar el control del Plan de Pensiones que afectará a más de 530.000 funcionarios públicos; es decir, una nueva vía de financiación para los sindicatos amigos. Según un informe aparecido en la revista "Interviu" del 6 de Septiembre, los sindicatos CCOO y UGT son accionistas, con un 30 por ciento, de la empresa que gestionará los planes de pensiones de los trabajadores de la administración del Estado. Este plan de pensiones, el mayor de toda España, estaba en el acuerdo alcanzado por estas dos organizaciones en noviembre de 2002, que provocaron movilizaciones y bajas masivas en ambos sindicatos. Precisamente, uno de los aspectos más criticados del acuerdo fue esta partida, ya que ambos sindicatos vendieron unos puntos porcentuales de subida salarial a los trabajadores, cuando en realidad era dinero que se invertiría en planes de pensiones privados en un periodo en que las pensiones públicas tienen mejor salud que nunca y todo lo que no sea cotización a los sistemas de seguridad social debilita el sistema público. A lo largo de este año se ha formado la Comisión promotora para la adjudicación de un contrato que olía claramente a negocio por su monto y su volumen. Este órgano estaba compuesto por 22 miembros, 11 de la administración y 11 de los trabajadores (4 de CCOO, 4 de UGT y 3 del CSIF-que no se sabe que pintaban por allí-). El 5 de abril se publicó en el BOE el anuncio del concurso, presentándose al mismo las siete principales entidades financieras del país (Caixa, Cajamadrid, Banco Popular...), ya que las entidades gestoras cobran grandes comisiones y, por ende, obtienen importantes beneficios de esta privatización. La comisión adjudicó el pasado 6 de julio el concurso a la empresa "Gestión de Previsión y Pensiones". Esta empresa tiene el siguiente accionariado: 70 % BBVA, 15 % CCOO y 15 % UGT. Es decir, CCOO y UGT se han "autocontratado". Manipulación que no nos extraña porque sabemos como CCOO y UGT a través de otra Comisión con la Administración, se han repartido el Patrimonio Sindical Acumulado (PSA) expropiándoselo a la clase trabajadora. En todo momento "ellos se lo guisan y ellos se lo comen", siempre, obviamente, en beneficio de ellos. Esta empresa especuladora "Gestión de Previsión y Pensiones" obtuvo en el 2002 unos beneficios de 1.3 millones de euros, por lo que cada sindicato se llevó su correspondiente % como cualquier empresa capitalista que busca la máxima acumulación de beneficios. Según declaraciones a "Interviú" de Miguel Ángel Crespo de CCOO que "si hubiese votado a otra entidad, estaría actuando en contra de los trabajadores", además preguntado por los beneficios dice que su sindicato no ha realizado ningún cálculo de los beneficios que obtendrá (???) pero afirma "supongo que beneficios sí habrá"-un pelín cínico el sindicalista-. A este Plan de Pensiones el gobierno meterá 55 millones de Euros antes de Noviembre y a partir del 2005, parece ser, que irá inyectando anualmente el 0'5% de la masa salarial bruta de todos los funcionarios públicos... además de los ingresos que se pueden hacer a nivel individual, que será un monto bastante considerable. Esta situación puede que para muchos funcionarios no sea muy desagradable, siempre que olviden que ellos no deciden para nada, que se les detrae de sus ingresos, que nos roban con cuatro palabritas finas, etc. Pero... Si esto va a ocurrir con los funcionarios públicos ¿Cómo no se va a extender los Planes de Pensiones al resto de los trabajadores vía acuerdos, convenios o pactos? Se abre la veda y podemos generalizar así la Empresas gestoras (controladas por las burocracias de CCOO y UGT), nos vamos acostumbrando a los Planes de Pensiones -hay que tener en cuenta, en definitiva, que con este Plan masivo de pensiones casi se duplica el número de personas que tendrán fondo de pensiones en este país-, y ¿que ocurrirá en un futuro cercano con el sistema público de pensiones? Nota: a día 16 de septiembre, otro especialista dirigente sindical de CCOO ha dicho que tienen que controlar las Mutuas de Seguros, e imaginamos que quiere decir especular y obtener más beneficios.



100 MILLONES DE EUROS ESTAFADOS SÓLO EN 2001 Palacios, desbordada por las dimensiones del escándalo FORCEM, pide ayuda a la Guardia Civil Fuente: Libertad Digital http://www.libertaddigital.com/php3/noticia.php3?fecha_edi_on=2002-10-19&num_edi_on=953&cpn=1275320957&seccion=ECO_D Sábado 19 de Octubre de 2002 Según admitió hace unos días el vicepresidente Rato, el INEM sólo empezó a controlar los cursos de formación continua a partir de 1999. Sin embargo, este hecho no ha impedido que la cantidad estafada por CCOO, UGT y CEOE se disparase a partir de esa fecha. Se estima que, sólo en 2001, el fraude ronda los 100 millones de euros. Libertad Digital Hace tres días le preguntaron al vicepresidente económico, Rodrigo Rato, cuál era su opinión sobre el fraude cometido por los sindicatos y la patronal a través de los cursos del FORCEM. Haciendo gala de su “cintura” política, Rato dijo entonces que no iba “a hacer ningún pronunciamiento político sobre la cuestión" porque no había visto los informes del FORCEM correspondientes a los años 1997 y 1998. Sin embargo, el ministro no pudo evitar la tentación de recordar que "hasta 1999 el modelo que había era el que se encontraron al llegar al Gobierno, que atribuía la gestión de los fondos de formación exclusivamente a los interlocutores sociales". Es de suponer que las irregularidades desaparecerían a partir de 1999, ya que tras esa fecha el Ejecutivo tomaba cartas en la gestión del FORCEM a través del INEM. Pero lo cierto es que la estafa aumenta cada año en el número de cursos y alumnos que nunca existieron, en el de empresas fantasma y, sobretodo, en la cantidad de dinero robado. Así, la Brigada de Delitos Económicos de la Policía Judicial, por orden de la juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios, ha realizado una muestra de cursos que suponía el 5 por ciento de los impartidos en 2001. De forma sorprendente comprobaron que en el 95 por ciento de los cursos examinados existían irregularidades, según publica el diario El País. Ante este descubrimiento, la Audiencia Nacional ha tenido que pedir a la Guardia Civil que le ayude a interrogar a los miles de alumnos que aparecen en las listas de los 15.000 cursos que jamás se impartieron. Se estima que la investigación puede durar varios años. El fraude estimado sólo en 2001 es de cerca de 100 millones de euros, el 15 por ciento de los 630 millones recibidos de las arcas de la Unión Europea. Teresa Palacios tiene previsto llamar a declarar a numerosos empresarios y sindicalistas, de momento, en calidad de testigos.



CCOO y UGT, cobrar por despedir Cobrar por despedir podría ser el titular que se podría aplicar al relato que a continuación vamos a contar... Navarcles es un pueblo de la provincia de Barcelona y en el mismo, hay una fabrica que lleva muchos años funcionando, se le conoce con el nombre de TIPTSA. Originariamente comenzó tiñiendo lanan para hacer tejido y estaba encuadrada en el ramo del agua. con el paso de los años se montaron nuevas naves y estas se dedican al textil, las encuadraron en el ramo de mismo nombre y se da la situación de que una parte de los trabajadores esta fabrica cobran un salario y otra parte cobra un salario diferente. Los dueños llevaban varios años intentando solucionar este tema y unificar los salarios de todos los trabajadores poniendo un ramos único, naturalmente a la baja. Hasta ahora no lo habían podido conseguir ya que los trabajadores se habían opuesto con firmeza. Si los trabajadores no se dejan convencer los mejor es echar mano de sus representantes en el comité de empresa y los sindicatos que para eso están tanto CC.OO como U.G.T. la dirección de la empresa les plantean el tema a los mismos y empiezan las negociaciones a espaldas de los trabajadores y cuando estos se quieren dar cuenta ya han llegado a un acuerdo. Los trabajadores que se sienten abandonados, vendidos y engañados por todos aquellos que les representan, recurren a la Federación Local de Sindicatos de la C.G.T de Manresa, y allí se les da asesoramiento y poniendo a su disposición todos los recursos que dispone la Federación. Se realizan asambleas de trabajadores, se mandan cartas a la dirección de la empresa, y al mismo comité de empresa para recabar información sobre el expediente en cuestión "naturalmente no se dignaron ni en contestarnos" se notaba que el nombre de C.G.T molestaba a todos aquellos que estaban vinculados con el pasteleo. Como consecuencia del asesoramiento que reciben los trabajadores estos rechazan en las urnas los acuerdos a que han llegado CC.OO. y U.G.T, y el comité de empresa con la dirección de la misma. Naturalmente, estos no iban a permitir esta situación de rebeldía y oposición de unos cuantos trabajadores a los intereses del todopoderoso capital y automaticamente planificaron otra votación que el resultado de la misma siempre sería el mismo votasen lo que votasen (la pérdida de categoría para una parte de la plantilla y el despido de un grupo de trabajadores). Al final del proceso el pacto contemplaba que las indemnizaciones a los trabajadores despedidos las percibieran en 18 pagarés, y de esas cantidades, que correspondía a cada uno de los trabajadores despedidos, estos deberían pagar una buena cantidad a CC.OO y U.G.T. Los trabajadores vendidos, y engañados, asesorados debidamente se negaron a pagar por ser despedidos. Así mismo se hizo saber a la dirección de la empresa que si esta retenía un centimo de las cantidades que correspondía por dichos despidos en contra de su voluntad, seríamos la propia Federación Local de C.G.T. la que plantearíamos demanda en contra de la dirección de la empresa. La dirección de la fabrica tubo que preparar unos nuevos pagarés para cada trabajador sin realizar descuento alguno. Suponemos que los honorarios de los "SINDICATOS DE CLASES" los habrá pagado aquel que se ha beneficiado de sus servicios, es decir, el empresario. Manresa, Octubre de 2004 http://www.rojoynegro.info/2004/article.php3?id_article=2932


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